Prorrogan la emergencia económica y financiera del Chaco

Con 19 votos de los diputados del PJ, Frente Grande, Concertación FORJA y Libres del Sur, la Cámara de Diputados aprobó la ley Nº 7949 que prorroga la declaración de  la Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco,  hasta el 30 de junio del año 2017, la que fuera dispuesta por ley 7.751 y cuyo plazo culmina el 31 de diciembre del año 2016. Los legisladores del Interbloque Cambiemos votaron la permanencia en cartera, con la excepción de los diputados Domínguez, Vallejos y Nikisch que mocionaron el archivo; mientras que el diputado del Bloque ‘Héctor Cámpora’, Orlando Charole, solicitó autorización para abstenerse.

La propuesta que fue girada por el Poder Ejecutivo, se funda en el hecho de que aún subsisten las causas que determinaron su sanción, como son las deudas a cargos de la Provincia emergentes de sentencias judiciales firmes originadas o motivadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y las múltiples impugnaciones judiciales de las que fuera objeto la misma.

La diputada Beatriz Bogado, presidente de la Comisión de Hacienda y presupuesto, fue la encargada de fundamentar el despacho de la iniciativa, que lleva las firmas de los legisladores del oficialismo que integran dicha cartera. La legisladora hizo hincapié en “las deudas que son emergentes de sentencias judiciales firmes resultantes de aquella resolución 858 del STJ del año 1991, al momento de su tratamiento hemos hablado en el marco de que en ese momento había varias cuentas del Estado provincial embargadas, y de allí la necesidad de establecer un paraguas y dar la posibilidad al Ejecutivo de que inicie acciones”.

“Han salido iniciativas parlamentarias que permitieron endeudamiento público y en ese marco se dictó un decreto para ofrecer una modalidad de pagos, en efectivo, en cuotas, con quitas, y se han generado más de 400 expedientes que se han adherido a la formalidad del pago que establece el decreto” explicó, y agregó,  a partir de esa adhesión hay que entender que esto requiere tramitaciones, son exptes judiciales y es necesaria la intervención de Fiscalía de Estado, del Ministerio de Hacienda, la participación de la Contaduría General, de la Escribanía General de Gobierno, que convaliden los convenios”.

En ese sentido, observó que “esto tiene un largo proceso administrativo, de acuerdo al informe que tenemos hay más de 60 convenios refrendados, y hay otros adheridos al decreto y esta en trámites la firma de esos convenios; por Resolución 772 del Ministerio de Hacienda se ha prorrogado la vigencia de ese decreto hasta el 31 de diciembre de este año, continúan embargadas varias cuentas de la Tesorería General con una cifra de más de 100 millones de pesos, estando vigente la emergencia, que se encuentran inmovilizadas y cuyo embargo no fue levantado, y hay respecto a esto un planteo de inconstitucionalidad con sentencia en primera instancia y en cámara civil y comercial”.

En ese contexto, la diputada señaló que “los legisladores que firmamos este despacho y proponemos su aprobación entendemos que subsisten las condiciones que originaron la ley, debemos seguir protegiendo las condiciones de gobernabilidad de la provincia y garantizar las bases para que la paz social”.

El diputado del Interbloque Cambiemos, Livio Gutierrez, argumentó: “Nuestro bloque ya ha tenido en su momento una postura definida, en principio entendemos que la emergencia ya no es tal, porque posteriormente a la ley 7751 se sancionó 7782 y esta última contiene la autorización de un crédito de 4 mil millones para pagar estas sentencias, y esto implica que todo lo que tiene que ver con cuentas públicas no podría estar embargado porque la plata está, esos 100 millones que están embargados se podrían sustituir por otros 100 millones de los que ya están”.

Señaló: “la emergencia tiene que ser razonable, acá no hay razonabilidad porque la provincia está pagando juicios hasta de choques, o juicios de mala praxis, hay arbitrariedad, porque es para un grupo de personas, entonces se pierde el derecho a la igualdad y se pierde una garantía constitucional”. En ese sentido, reiteró que “las condiciones por las cuales acompañamos esta emergencia ya no están dadas, el problema es administrativo y la demora es imputable al Estado”.

“Por otro lado -agregó- nosotros fuimos muy claros, acompañamos esta emergencia hasta conseguir el dinero, el bloque opositor permitió que el Ejecutivo Provincial consiga el dinero, y la ley 7782 decía que a los 6 meses se debía dar cuenta a la Comisión de Hacienda respecto de los créditos y esto no sucedió, no tenemos informe oficial del Ejecutivo sobre qué ocurrió con los 4 mil millones”.

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